Martello aseguró que "desde distintos sectores del Estado tenemos que comprometernos para se cumpla cabalmente con una ley que fue sancionada hace más de 10 años y que le otorga amplias garantías jurídicas a los NNyA". Agregó que "es necesario la conformación de los consejos locales como ámbitos plurales de elaboración de estrategias y la rápida elección del Defensor del Niño a nivel nacional".
"Con esta guía pretendemos generar una herramienta para que la gente pueda conocer el funcionamiento y los alcances del sistema Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño con un lenguaje llano dirigida a toda la sociedad", destacó el Defensor del Pueblo Adjunto, quien está a cargo del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del organismo.
En el acto participó el director del Instituto de los Derechos del Niño (IDN) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Dr. Ernesto Domenech; la secretaria del IND, María José Lescano; la directora del Colegio Nacional, Ana García Munitis, y representantes de la secretaría de Políticas de Género y Niñez de la Defensoría que conduce Karina Nazábal. Además, envió su adhesión la prosecretaria de Derechos Humanos de la UNLP, Mg Verónica Cruz.
"Es indispensable que podamos aggiornar todos los dispositivos institucionales, dotarlos de recursos, para poder hacer frente a distintas problemáticas de lo NNyA. Esto no solamente implica tomar intervención ante situaciones de vulnerabilidad social, sino también tener una estrategia integral que permita dar respuestas a casos de abuso, adicciones, discapacidad, trabas en accesibilidad a espacios públicos, dificultades en el cumplimiento de la educación sexual integral y fenómenos tales como el bullying, el cyberbullying. Tenemos que elevar el rango de protección", concluyó el defensor del Pueblo Adjunto.
El cargo de Defensor del Niño se encuentra vacante desde 2005, cuando fue sancionada la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA. El Defensor que resulte elegido tendrá la misión de controlar las políticas de infancia, adolescencia y juventud, y deberá velar para que se cumplan en las 23 provincias y en la Capital Federal. También intervendrá en los conflictos, presentará amparos y tendrá herramientas para proteger los derechos de los niños colectivos e individuales.
