Una fuente judicial explicó que la medida la adoptó el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien dispuso que "todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago".
En el fallo, el magistrado sostuvo que la cautelar interina se dictó "debido a que se trata de sectores socialmente vulnerables o se encuentra comprometida la vida digna" presupuestos que a su criterio quedaron acreditados en la presentación.
Además, resolvió que se revisará la medida cautelar una vez que los diferentes organismos del estado contesten los informes que se les solicitó en la causa.
En la presentación judicial, realizada por los apoderados de Consumidores Argentinos, José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, se había solicitado "la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas por falta de audiencia pública en el valor del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas".
Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteó hasta tanto "se dé traslado a las partes intervinientes" para que hagan el descargo correspondiente y ordenó también comunicar la causa al Registro Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras el fallo, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino aseguró que esa decisión "va en línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia".
"Se trata de una decisión que tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todas las que menos tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables", expresó Lorenzino.
Agregó que el reclamo "tiene que ver con defender a la gente para que pueda desarrollarse dignamente, que se les garanticen los servicios públicos elementales y que las razones estrictamente económicas no condicionen su calidad de vida".
La Corte Suprema debe pronunciarse sobre una presentación del Gobierno nacional que apunta a bloquear las cautelares por aumentos tarifarios, realizada por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.
El planteo gubernamental fue contra una cautelar presentada por la ONG Cepis, aceptada
en primera instancia por un juzgado contencioso administrativo, y elevada luego por la Cámara Federal de La Plata a la consideración del máximo tribunal de la Nación.
La Defensoría del Pueblo bonaerense, el Cepis y el municipio de Leandro N. Alem pidieron a la Corte Suprema que rechace la pretensión gubernamental de cerrar el camino a nuevos fallos judiciales que admitan cautelares por incrementos tarifarios.
