El reclamo del organismo que conduce Guido Lorenzino tiene que ver con que el Ejecutivo revea la medida con la que fijó, a través del ENARGAS, los montos que deben pagar las entidades de bien público, y que generó que ahora tengan que pagar como mínimo casi 40% más que antes.
Previo a esta medida, las entidades de bien público eran catalogadas en el cuadro tarifario dentro de la categoría de Servicios Generales, con un valor del metro cúbico mucho más barato del que pagaban los usuarios residenciales. Sin embargo, luego de que por ley se definiera una categoría puntual para estas instituciones, la nueva resolución prácticamente eliminó esta diferencia y, en vez de beneficiarlas, provocó que terminen pagando más que cuando no existía la disposición del Gobierno.
"El Ejecutivo fue en contra del espíritu de esta ley, que buscaba proteger a las entidades, y definió parámetros que terminaron perjudicándolas. Son organizaciones claves para la sociedad, por el rol que cumplen en la protección de derechos y la ayuda social, por lo que es necesario que se apliquen todos los cambios necesarios para auxiliarlas en esta situación tan delicada", precisó Lorenzino.
