Para el otorgamiento de las pensiones, por montos que oscilaban entre los 12 y 29 mil pesos mensuales, eran utilizadas actas de matrimonio falsas en las que jóvenes aparecían casadas con personas fallecidas, que eran elaboradas en oficinas de Registro Civil del interior provincial.
La causa involucra a tres verificadores cuyo trabajo era corroborar con informes socioambientales y testimonios la existencia de una convivencia entre el titular del haber fallecido con el solicitante del beneficio.
Los verificadores del organismo son acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público atento el carácter de los imputados y la naturaleza funcional de sus infracciones a títulos de autores, defraudación a la administración pública a título de partícipes necesarios y falsedad ideológica realizado por funcionario público".
El Fiscal Pedro Simón acusó a los empleados César Ramón Herrera, María Marcela Serrano y Pedro Omar Cura, verificadores de la Anses, de los siguientes delitos: "Incumplimiento de los deberes de funcionario público atento el carácter de los imputados y la naturaleza funcional de sus infracciones a títulos de autores, defraudación a la administración pública a título de partícipes necesarios y falsedad ideológica realizado por funcionario público".
