Gastón Fossati, director de ARBA, explicó que "estas firmas actuaban como agentes de recaudación del fisco bonaerense, es decir que debían percibir o retener fondos de otros contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos".
"En los hechos, las empresas retenían ese dinero a los contribuyentes, pero luego no lo ingresaban en ARBA. De esa forma, se apropiaron indebidamente de impuestos por un monto que, en conjunto, supera los $102 millones", detalló Fossati.
Las denuncias penales fueron presentadas por la Agencia de Recaudación en distintos departamentos judiciales de la Provincia, conforme al domicilio donde desarrolla su actividad cada una de las empresas.
Para lograr mayor eficiencia en el combate contra este tipo de delitos, ARBA había firmado un convenio de colaboración con la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que promovió la realización de programas de capacitación para agentes públicos de ambos organismos, así como la modernización de procesos, coordinación de acciones y el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.
Además, la Agencia de Recaudación puso en funcionamiento una dependencia específica dentro del área de Asuntos Jurídicos y redefinió sus procedimientos para dinamizar las denuncias. Según puntualizó Fossati, "estos cambios nos posibilitaron quintuplicar durante el último año los montos reclamados en el marco de delitos tributarios, y agilizar de esa forma la restitución de recursos que pertenecen a todos los vecinos de la Provincia".
Como parte de la labor que realizan en equipo, ARBA y la Procuración bonaerense intercambian mediante herramientas digitales la información de índole patrimonial, financiera, impositiva y comercial vinculada a personas físicas y jurídicas que se encuentran sujetas a investigación, observando siempre los principios legales que reglan el secreto fiscal.
También comparten un sistema de alertas para identificar indicios de posibles delitos tributarios que se encuadren dentro del régimen penal previsto por la Ley Nacional N° 27.430, que fue sancionada por el Congreso a fines del año pasado.
