Quintana se tomó exactamente 855 días para deshacerse del total de sus acciones. Todo se originó por una investigación periodística que se preguntó porque seguía impartiendo órdenes a la compañía y manejando las operaciones a pesar de estar en minoría accionaria. Las denuncias contra el Vicejefe de Gabinete incluyeron además presunta adulteración de documentación para conseguir la habilitación de Farmacity en la Provincia de Buenos Aires y presiones a la Corte Suprema para fallar a su favor.
El desembarco de Farmacity en el conurbano bonaerense generó múltiples rechazos. En junio pasado el Intendente de Hurlingham, Juan Zavaleta - por medio de un decreto - dispuso la prohibición de que se instale en su distrito, abriendo la posibilidad de que se convierta en un "caso testigo" y que otros intendentes puedan copiar la medida. 103 municipios ya aprobaron ordenanzas para impedir su ingreso al territorio provincial. La Cámara de Diputados Bonaerense también se pronunció a favor del rechazo.
La empresa había solicitado el año pasado una audiencia pública a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare inconstitucional los artículos 2 y 3 de la Ley Provincial 10.606 que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y que no incluye a las sociedades anónimas, como es el caso de Farmacity. Por otra parte, el artículo 2 establece: que solo las farmacias pueden distribuir al público medicamentos y material aséptico. Tratándose de una cadena comercial que además vende alimentos y productos de limpieza inclusive esto no se cumpliría.
La fecha de la audiencia se había fijado para el 29 de agosto, pero la jueza Elena Highton de Nolasco la suspendió por cuestiones de "agenda", ya que en esos días participará de la "Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia" en México. Esto despertó suspicacias entre los defensores de las farmacias de barrio de la provincia porque le daría más tiempo a la empresa para estudiar argumentos a favor del desembarco. Habiendo ya entregado la totalidad de los escritos de los amicus curiae que serán los oradores que apoyan la iniciativa de la cadena comercial. Los jueces Carlos Rozenkratz y Horacio Rosatti se habían excusado de intervenir en la audiencia porque tuvieron vínculos con la firma en el pasado.
Paralelamente a las instancias judiciales la empresa arremetió con una intensa campaña publicitaria en las redes sociales, donde se ve por ejemplo una embarazada contando que Farmacity la acompañó conteniéndola durante su primer embarazo. La idea es sumar adhesiones positivas en la opinión pública.
Lo cierto es que las farmacias de barrio se verían muy perjudicadas con la llegada de Farmacity a su territorio. Tal sería el caso de la Farmacia Matayoshi ubicada sobre una avenida de Luis Guillón. La misma fue fundada en 1958 por Domingo Matayoshi, un colono japonés proveniente de la isla de Okinawa. Luego de recibirse de farmacéutico en la universidad pública de nuestro país, dedicó toda su vida a ejercer su profesión. Sus hijos también farmacéuticos, heredaron el local y atienden a sus clientes desde hace 60 años.
Farmacity reconoce que uno de cada diez de sus empleados solamente es farmacéutico. Por su parte en la Ciudad de Junín, el justicialismo local y los concejales de Unidad Ciudadana, con el consenso de los farmacéuticos locales, presentaron un proyecto que propone realizar un estudio se mercado ante la posible instalación de los locales comerciales. Hay preocupación por la pérdida de puestos laborales y el cierre de farmacias pequeñas que se podría producir. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Junín, Atilio Villani expresó: "Este proyecto tiene como fin que no se agrave el problema de salud, no estamos en desacuerdo con la instalación de nuevas farmacias, en este caso Farmacity, pero no compartimos el concepto que tienen de atención a la salud, que no es un comercio. Sabemos fehacientemente que en Junín hay personas haciendo un estudio de mercado para la instalación de la empresa. Nos preocupa porque la Corte no se ha expedido y ellos ya están acá. Debemos presumir que desde el Estado ya saben cómo va a salir el fallo".
Farmacity opera en 14 provincias además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay fuertes rechazos también en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. Cuenta con 241 locales propios y su expansión repite una tendencia que ya se ha instalado en otros países de latinoamericanos: monopolios en manos de cadenas comerciales que van relegando la profesión farmacéutica y reemplazando la concepción sanitaria por la comercial.
Hace unos meses se viralizó por las redes sociales a raíz del conflicto, la opinión de una profesional farmacéutica. Algunas de sus palabras fueron: "La provincia de Buenos Aires tiene una ley provincial que rige el ejercicio farmacéutico. En ella existe una cláusula que estipula que las farmacias tienen que tener dueños farmacéuticos, con nombre y apellido. Por esto vos conoces al dueño, sabes a quien consultarle y quien responderá ante un inconveniente. Se entiende como un servicio público y considera al medicamento como un bien social. Ya no vas a tener la farmacia en tu barrio, sino en el centro y vas a pagar más caro, mucha gente perderá su trabajo y una empresa ganará mucha plata".
