La Comisión se encargará de redactar y publicar protocolos de actuación ante un posible caso de abuso; realizar y publicar guías para transitar la escucha, la denuncia y la asistencia a la víctima (tanto para operadoras y operadores del sistema estatal como el entorno familiar); redactar y publicar herramientas para la detección del abuso sexual de niñas, niños y adolescentes; promover campañas de difusión gráficas, radiales, televisivas e informáticas; entre otras acciones.
Reich expresó: "El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia en las infancias. La diferencia con otros tipos de vulneraciones de derechos, como la violencia física o la ausencia de cuidados, es que el abuso sexual no puede ser detectado a primera vista. Por eso, es fundamental que las personas adultas de las escuelas a las que asisten, la familia o incluso la gente del barrio, prestemos atención y escuchemos detenidamente sus palabras".
"Según los datos del Programa Nacional 'Las víctimas contra las violencias', la mitad de los abusos suceden en el hogar de las víctimas. En el 75% de los casos el agresor es un familiar y 9 de cada 10 casos los agresores son varones. Otro dato muy importante es que 7 de cada 10 víctimas son niñas, esto nos indica que el abuso sexual en las infancias es también un problema de género. Esta Ley nos va a permitir dar mejores respuestas y unificar los criterios de prevención, detección, abordaje y seguimiento de las intervenciones", finalizó la Legisladora.
La propuesta parlamentaria establece que la Comisión deberá estar integrada por representantes de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; del Organismo provincial de Niñez y Adolescencia; del Ministerio de Salud; de la Dirección General de Cultura y Educación; del Ministerio de Justicia; de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; del Ministerio de Gobierno; una Diputada o Diputado; una Senadora o Senador; y dos representantes de la sociedad civil.
La iniciativa contempla también que las personas integrantes de la "Comisión Interinstitucional" no recibirán ninguna remuneración por sus tareas.
