Es fácil advertir que el proyecto tiene un solo cometido: blindar por ley al sistema financiero y condicionar al gobierno que asuma el 10 de diciembre.
El gobierno saliente pretende a través de este proyecto garantizarle a los bancos la perdurabilidad de un sistema que a 4 años de su vigencia ha permitido a los bancos obtener ganancias extraordinarias, en detrimento de los deudores que han visto transformar el sueño de la casa propia, en una pesadilla.
A través del cambio de indexador, el gobierno asegura a los bancos que sus ganancias no se vean modificadas. El crédito hipotecario UVA es un instrumento que permite a los bancos prestar dinero, trasladando todo el costo de la inflación a los deudores y provocando así mismo que cuánto más se paga, más se deba en concepto de capital. Negocio perfecto, para los bancos claro está.
El gobierno impulsa también securitizar masivamente las hipotecas, habilitando de ese modo la posibilidad de que fondos buitres compren estos instrumentos y procedan a ejecuciones expeditas en caso de morosidad.
Tras una caída del 20 % en los ingresos de los asalariados durante el período 2016-2019, el gobierno de Alberto Fernandez -quien asumirá el próximo 10 de Diciembre- anunció en campaña que impulsará una recuperación en términos reales de los salarios. Ello implica que los sueldos subirán por encima de la inflación. Al atar los créditos a la evolución del CVS, la modificación implicará que las cuotas se encarezcan aún más, tornando estos créditos en verdaderos pagarés con vencimiento cada 30 días.
Así mismo, no se debe perder de vista que el CVS no representa en modo alguno la evolución de los ingresos de los deudores hipotecarios. Trabajadores estatales de diferentes reparticiones oficiales, docentes, y trabajadores independientes, entre otros, lejos están de obtener incrementos salariales como el que refleja ese índice.
Frente a este panorama reiteramos que es necesario, para lograr salir del sobre endeudamiento que padecemos, volver al equilibrio inicial en los contratos de forma tal que la relación cuota ingreso no pueda superar en ningún caso el 25 % de los ingresos de los tomadores del crédito.
Para ello resulta necesario CONGELAR el valor de la UVA para que la misma no continúe indexándose, medida que debe alcanzar a todo el universo de hipotecados sin exclusiones arbitrarias, y hasta tanto no se logre SALIR del sistema y se transformen los créditos en hipotecas tradicionales en donde el capital no se indexe y las cuotas resulten pagables. Resulta imperioso frenar todo tipo de indexación.
La vivienda es un derecho. No se debe permitir que un gobierno que se encuentra a días de finalizar su mandato condicione la vida de más de 150.000 familias por los próximos 25 años a través de un proyecto de ley cuya cara visible desnuda al sistema financiero.
