El reclamo se da en el marco de la polémica generada por ser Tucumán la única provincia del país que todavía no adhirió a la Ley que lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana víctima de femicidio en 2017.
Esta realidad tomó mayor relevancia luego de la presentación de un proyecto en la legislatura tucumana que buscaba incorporar la objeción de conciencia a las capacitaciones por considerarlas parte de “la ideología de género”.
Uno de los impulsores de la iniciativa fue Ricardo Bussi –hijo del ex represor y legislador de esa provincia- quien en declaraciones radiales negó la existencia de la figura del femicidio –reconocida en el Código Penal- mediante el argumento de desconocer personalmente casos donde haya habido “asesinatos por el hecho de ser mujer” al tiempo que sostuvo que el movimiento feminista es “una moda”.
En ese marco, la concejal del Frente de Todos Ana Castagneto – quien también preside la Comisión de Equidad y Género del Concejo Deliberante de La Plata - presentó un repudio al proyecto impulsado por el bloque de Bussi así como también a las declaraciones del legislador por considerar que la propuesta: “vulnera derechos conquistados al tiempo que desconoce una realidad que en nuestro país se cobra la vida de cientos de mujeres y disidencias por año”.
Cabe destacar que durante el 2020 más de un centenar de mujeres y personas pertenecientes a colectivos de la diversidad fueron asesinadas en nuestro país, situación que se agravó a partir del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID-19 que genera que muchas víctimas tengan que permanecer en el encierro con sus agresores.
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