En contacto con Todo Este Ruido por Radio Provincia, dio precisiones sobre los contratos de concesión de los peajes que operan en los accesos Norte y Oeste, firmados en el año 2018 con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO).
Indicó que “se hizo una revisión integral y una auditoría y se cumplieron todos los pasos administrativos que corresponden para llegar a este punto de proponer al Presidente la firma de un decreto que instruye a la Dirección Nacional de Vialidad a iniciar un juicio”. Consignó que concretamente pedirán “que se declaren nulas las renegociaciones y al mismo tiempo permita que la administración de estos corredores viales vuelvan al Estado”.
Katopodis significó que “no hay ningún elemento que le otorgue certeza a la existencia de una deuda que asciende a los U$S 811 millones para ambos grupos empresarios” y agregó que la misma “surge de reclamos que hacían las concesionarias al Estado Nacional por actualización tarifaria y que en 2018 resolvieron conciliar con el reconocimiento de las sumas de U$S 540 millones para AUSOL y U$S 272 millones para GCO”.
Seguido, aseguró que el acuerdo al que se arribó por esas deudas, “establecía un privilegio porque, a diferencia de todos los contratos que estaban pesificados en la Argentina, éste, de manera excepcional, se había decidido dolarizar, lo que significaba una ventaja y una rentabilidad patrimonial enorme para las empresas”. De ese modo “se iban acumulando intereses y transformando esa deuda en una suma arriba de los U$S 1.200 millones”.
El ministro enfatizó que no había ninguna razón que justificara la dolarización de los contratos “que no sea la de asegurarles una rentabilidad constante a lo largo del proceso”.
De ese modo, son tres las irregularidades que se detectaron: “la determinación de la deuda sin fundamento y arbitraria en cuanto a los montos; la dolarización en contra del Estado y la prórroga, porque los contratos vencían en 2020 y arbitrariamente se decidió concederles una prórroga de 10 años que no estaba establecida en el contrato inicial y generaba un privilegio para las empresas”.
“Las empresas concesionarias vienen haciendo reclamos de actualizaciones tarifarias”, puntualizó Katopodis y consideró que “tenían como principal objetivo poder cancelar la deuda y garantizar ese crédito. En función de eso, hoy el valor del peaje llegaría a 20 veces su valor, estaríamos cerca de pagar $2 mil cada vez que pasás por la barrera, lo cual es irracional”. Esto “pone de manifiesto que el objetivo era apropiarse del Estado para hacer un negocio”.
