La presentación contó con el patrocinio letrado del constitucionalista Eduardo Barcesat y fue radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de la Capital Federal, a cargo del Dr. Enrique Alonso Regueira.
“Cerrar una oficina de correo es aislar a una comunidad completa. Nuevamente, la provincia de Buenos Aires y el interior del país comienzan a ser víctimas del ajuste de un gobierno que recorta servicios esenciales para nuestra sociedad”, expresó Fernando Gray, y señaló que “es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos contar con un servicio de correo público y privado, eficiente, de tarifas razonables y que ofrezca un trato digno a usuarias y usuarios. Por eso, esta medida que presentamos busca preservar la estructura y la funcionalidad de Correo Argentino y al personal que lo integraba hasta el 20 de diciembre de 2023, en todas sus sucursales”.
El recurso de amparo busca suspender la “realización de hechos o actos de autoridades públicas que amenacen la institucionalidad de Correo Argentino, sus sedes, personal y prestación de sus servicios” y evitar el “proceso de desmantelamiento". Al día de la fecha, más de 4.000 personas se quedaron sin trabajo y más de 100 sucursales de la empresa fueron cerradas.
“De los 16.850 agentes que tenía el correo el Gobierno nacional pretende desvincular a más de 7.000 y de las 1.450 sucursales quieren cerrar a más de la mitad y liquidar los inmuebles”, concluyó Fernando Gray.
Por su parte, Eduardo Barcesat indicó: “el desmantelamiento de las sucursales y del personal reduce enormemente la calidad prestacional del servicio. A muchos lugares solo llega el correo oficial”.
Correo Argentino tiene su sede principal de clasificación y distribución en el municipio de Esteban Echeverría, donde emplea mano de obra local. Sobre este espacio, la acción judicial reclama “mantenimiento y reposición” del personal de la planta con el objetivo de que la empresa pueda seguir cumpliendo su función social como elemento de comunicación en el territorio nacional.
