El Juzgado Federal de Campana avanza en la investigación que involucra al exministro de Transporte Jorge D´Onofrio. En tal sentido esta semana se peritarán los celulares secuestrados tras el allanamientos realizado a fines de enero a la financiera Token Capital situada en el Hotel Sheraton de la localidad de Pilar.
Según publicó LaTecla.info, respecto a la causa por las concesiones relacionadas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), dieron cuenta que el fiscal Álvaro Garganta está avanzando sobre la imputación formal contra el exministro bonaerense, luego de recabar las pruebas necesarias.
Cabe recordar que el delito que se acusa es "administración fraudulenta", en este sentido, los querellantes solicitaron el cambio a "asociación ilícita", por lo que espera el cambio de carátula antes de realizar la imputación, donde además se encontrarían involucrados, Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y la concejal de Pilar Claudia Pombo.
La denuncia inicial puso la lupa sobre un grupo criminal dedicado a acceder de manera sistemática y en forma indebida al Sistema de Administración de Infracciones de Tránsito (SACIT) con el objeto de ofrecer a terceras personas —ciudadanos del territorio bonaerense- la quita de las infracciones que registren en ese soporte informático.
En este sentido, se denunció que, dicho servicio ilegal que el grupo de personas desplegaba a diario era ofrecido a diario por un grupo de personas a cambio de una contraprestación dineraria que los terceros debían abonar en favor de las mismas, ocasionando un serio y grave perjuicio —en términos económicos- del estado municipal y provincial, como así también a la empresa SECUTRANS SA (denunciantes).
Esta práctica, según se aclara el pedido al cual accedió La Tecla, se puntualiza que está constituido por funcionarios municipales y/o provinciales, y que además reúne todos los requisitos previstos por el Código Penal Art.210 (asociación ilícita).
“Tal como ha quedado demostrado este entramado delictivo llámese `borrado de multas´, está constituido por funcionarios municipales y/o provinciales, que reúne todos los requisitos previstos por el Código Penal Art.210 (asociación ilícita)” destaca parte del requerimiento realizado por la querella.
También se puso en conocimiento, el descubrimiento de otra irregularidad relacionada con un inmueble , ni más ni menos que con la propia ubicación donde funciona el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y estaría vinculado a Sebastián Desio, titular de la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica, contratada por concesionarias de la VTV para brindar servicios tecnológicos por los que cobra el 8,5% más IVA de cada verificación.
Sobre este hecho el fiscal platense Álvaro Garganta, investiga la relación entre Desio y D’Onofrio. Los denunciantes plantean que esa propiedad fue adquirida, en agosto del 2024, por una sociedad que tiene el mismo domicilio que una inmobiliaria que sería de Desio y que esa sociedad tiene como socia a una mujer que sería empleada doméstica de la esposa de un hermano de Desio.
