INTRODUCCION
En la Argentina se estima que existen 4 millones de armas de fuego en el denominado “mercado irregular”. Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación el 44% de las muertes por armas de fuego responde a agresiones, lo que incluye no sólo conflictos intrafamiliares sino también la violencia explícita de robos, asaltos, etc.
La posibilidad de que en barrios vulnerables, de los grandes conglomerados urbanos, los jóvenes puedan tener a su alcance “el hacerse con un arma de fuego” entra dentro de la “normalidad” de lo cotidiano. Es así que en los márgenes difusos que se construyen en estos sectores entre lo legal e ilegal, la portación de un arma de fuego, que va trasladándose de “usuario” en “usuario”, muchas veces “alquiladas” para cometer delitos, se ha traducido en niveles de violencia extrema que concluyen en la escalofriante cifre de entre 7 y 8 muertes diarias por el uso de armas de fuego en Argentina, según el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).
En nuestro país la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, es la responsable de la aplicación y desarrollo del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones que se inscribe dentro de lo dispuesto por la Ley 26.216, su prórroga Ley 27.690, y lo estipulado según el Plan de Acción de Prevención de la Violencia con Uso de Armas de Fuego 2022-2033 (Resolución ANMAC 189/2022).
En síntesis, este programa estimula “La entrega de armas y/o municiones se efectúa de forma voluntaria y anónima, se garantiza la amnistía penal por tenencia irregular, y cuenta con un incentivo económico. El material recibido es resguardado en los depósitos de ANMAC para su posterior procesamiento y destrucción”. La política de desarme, si bien en su concepción original, según expertos en la temática ha sido buena, resultó absolutamente insuficiente. En primer lugar la ANMAC desde su creación, nunca tuvo un presupuesto asignado. Hoy la agencia depende, para sostenerse económicamente, de la cantidad de autorizaciones que brinda, como la credencial de legítimo usuario, una credencial para tenencia o portación. Cobra una tasa por eso y esa es su principal forma de subsistencia. En cuanto a la implementación del Programa de Desarme Voluntario, si bien es todo un avance en la materia, ha sido ejecutado con una discontinua periodicidad, contando con falencias que a nuestro entender son medulares para una eficacia. Para comenzar a describir lo que a nuestro comprender, son las principales dificultades de su efectividad tenemos que decir que el programa cuenta con sólo 10 Centros de recepción de armas de fuego y municiones en todo el país. Y de esos 10, sólo dos se ubican en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad de Mar del Plata y otro en Lanús. Si bien el programa también se desarrolla de forma “móvil”, no posee una “política agresiva” en el “territorio”. En palabras de diferentes ONG, que abordan la problemática de la violencia en sectores vulnerables “Ningún pibe o quien tenga un arma se va a tomar un micro para llevarla a estos sitios. Pensar que estos programas pueden funcionar en el corazón de los barrios populares desde su lejanía burocrática es parte del desconocimiento absoluto de la realidad. Nosotros desarrollamos un programa de desarme barrial en la ciudad de La Plata recorriendo los sitios de mayor complejidad social y el “descarte” de un arma no se da espontáneamente, debe existir un lazo de confianza con el “barrio” y sus principales actores sociales: el club, la parroquia, la escuela de la zona”, afirman desde la ONG La Plata Solidaria.
Por otra parte el incentivo monetario para aquellos que deseen adherirse al programa y entregar un arma va de los 7.000 pesos hasta los 22.000 pesos lo que constituye una suma fija, sin políticas que aborden seriamente la situación, el contexto de vida, de quien fue dispuesto a adherirse al “beneficio económico”. “Si un joven se desarma (no estamos hablando de aquellos que entregan armas que tienen en sus domicilios sin declarar para defensa personal, por herencia, etc) debemos tener las herramientas para abordar esa situación excepcional. No podemos dejar escapar la posibilidad concreta de no sólo sacar un revolver de circulación, sino también abordar la situación de esa persona, en el marco de la ley por supuesto, pero comprendiendo que sacar el arma es casi lo de menos, porque conseguir otra es muy sencillo. Hay que “sacar al joven”, de su contexto de violencia para que el arma “no regrese nuevamente”. Si no comprendemos esta complejidad cualquier programa de desarme, más allá de que nos entregue cifras y datos que parecen “exitosos”, será un rotundo fracaso”, agregan desde la organización platense que ha abordado la temática.
El desarme es social. La política debe ser muy directa y territorial. No existe posibilidad alguna de erradicar la violencia extrema si el abordaje de esa situación no es multidisciplinario y con una presencia activa del Estado en coordinación con ONG que desarrollen tareas en este sentido. Se trata de hacer, de reconocer un grave problema que nos deja vidas en el camino, sin “romantizar” ninguna situación, pero, yendo a buscar el “problema”.
Este aporte que pretendemos hacer tiene como objetivo desarrollar un programa de desarme en barrios populares sin ningún tipo de estigmatización ideológica, política o social. Cientos de miles de jóvenes en nuestro conurbano que no estudian, apenas trabajan de changas o en cooperativas municipales. Cientos de miles de jóvenes en barrios donde la droga está instalada con la anuencia de punteros políticos, autoridades superiores policiales y demás, son un panorama que nos ubica en el dilema de callar para ser políticamente correctos o decir que ese contexto social político y económico, sumado a años de desidia estatal y la ausencia absoluta de “reglas” y “normas” ha producido un estallido de violencia imparable.
DESARROLLO
Este es un aporte, que pos supuesto puede nutrirse en su desarrollo. De lo que estamos seguros es que no podemos mirar para el costado mientras la “vida” de los ciudadanos en nuestro país, cada vez vale menos y está sujeta a la ruleta rusa, que en el mejor de los casos concluye en el disparo que no sale.
1 - El desarrollo de este programa se centrará en su "despliegue territorial" y en la premisa concreta de "sacar el arma" pero también "sacar al joven " con un abordaje concreto desde lo socio-afectivo respetando el marco previsto en la ley 26.216. Para eso en primer lugar los denominados "Centros de Desarme voluntario" se constituirán en organismos de la sociedad civil en el territorio: ONG, Escuelas, parroquias, Centros de Salud, etc.
Para ello se abrirá un registro de inscripción en cada Municipio que adhiera a este proyecto. Las ONG participantes deberán estar habilitadas por Personas Jurídicas de la provincia de Bs As. La puesta en marcha de este proyecto se dará bajo la tutela de la ANMAC y en coordinación con las áreas de Desarrollo Social de aquellos Partidos o localidades que se sumen.
2- El programa estará destinado a jóvenes entre los 14 y 25 años de edad. Cada Institución participante al momento de producirse la entrega voluntaria de un arma deberá como contrapartida anoticiar al joven de los beneficios que estipula la ley 26.216 a los que se le sumará la posibilidad de ofrecer al mismo una entrevista "anónima " realizada por profesionales, para abordar la posibilidad de que se integre a un programa de contención que le brinde herramientas para su desarrollo personal.
3- El “Programa de desarme juvenil” será de difusión obligatoria en todas las escuelas de enseñanza media de gestión pública y privada de la provincia de Buenos Aires.
4- El desarrollo del “programa de contención” tendrá como objetivo diferentes abordajes sobre el joven que serán:
a) Prevención y contención por consumo problemático de sustancias,
b) Finalización de estudios primarios y secundarios
c) Capacitación laboral mediante cursos de “oficios”
d) Contraprestación laboral por parte del beneficiario.
5- Para que el joven pueda desarrollar lo estipulado en los puntos a), b) y c) será beneficiado con una beca cuyo monto será el equivalente a 1 (una) AUH y el cumplimiento del punto d).
6- Las disposiciones que se estipulen en el “programa de contención” deberán ser cumplidas por el beneficiario en su totalidad. El sólo incumplimiento de algunas de las pautas estipuladas será motivo de interrupción de todos los beneficios.
CONCLUSIONES
La violencia que desde años sacude a nuestra sociedad está relacionada a la absoluta desintegración de los lazos sociales y culturales. La posibilidad de implementar este programa es un aporte que más allá de centrarse en “el desarme” viene a iniciar un camino que con trabajo y perseverancia nos puede llevar a una sociedad menos violenta.
Por supuesto que este proyecto puede nutrirse y así esperamos que sea. También nos plantea dilemas de merecimiento: Está bien que le otorguemos todas estas posibilidades a un joven que “no va por el mejor camino”, cuando hay miles de ellos que en las mismas condiciones socioeconómicas tratan de sobrevivir a duras penas?. La respuesta es clara, No. Y aquí surge entonces otro dilema: Dejamos que todo siga igual o intentamos al menos con todas las contradicciones a cuestas iniciar un camino de reparación que nos permita ir recobrando el valor de la vida?. Y aquí no hay muchos caminos. Estamos convencidos de que debemos hacer ese intento, dar herramientas, normas y reglas que ordenen, pautas a cumplir, en definitiva, inculcar valores que nos permitan salir de este estado de situación que nos ha convertido en una sociedad caníbal. Despojados de cualquier prejuicio ideológico y político debemos actuar y hacer. No hay atajos.
