La Justicia Penal de La Plata realizó una serie de allanamientos en domicilios vinculados a 13 imputados por la causa judicial de las personas que cobraban sin presentarse a trabajar en el Municipio, hecho que fue denunciado por el intendente Julio Alak tras su asunción.
Según se infirmó, entre los 13 imputados se encuentran ex funcionarios del gabinete de Julio Garro, quienes son investigados por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia".
Se trata del ex secretario de Coordinación, Oscar Negrelli, ya que numerosas personas de las que percibían sueldos de la Comuna y no se presentaban a trabajar, estaban nombrados en su área; mientras que también está imputado Mariano Pérez Aramburu, ex director general de Personal, quien es investigado habida cuenta de su responsabilidad central en las designaciones del personal.
En tercer lugar, fue imputado el ex secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Néstor Pulichino; como así también el ex concejal de Juntos, Darío Musto.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata a cargo de Agustín Crispo, a pedido el del fiscal de instrucción, Juan Condomí Alcorta. Durante los mismos, participó el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y se secuestraron computadoras y teléfonos, entre otro material.
TODOS LOS IMPUTADOS
Moira Jazmín Valdez, Julio César Brischetto, Darío Musto, Romina Villegas, Ricardo Imael Jalet, Néstor Omar Pulichino, Oscar Rodolfo Negrelli, Mariano Baruki Pérez Aramburu, Martina Aylen Amancay Valdata, Sergio Daniel Lucero, Cristian Rigau, Facundo Pérez.
LAS IRREGUARIDADES DETECTADAS
El intendente Julio Alak inició el 10 de diciembre de 2023 una auditoría interna en la administración municipal, que arrojó numerosas irregularidades que son violatorias de distintas leyes y delitos penales.
Los equipos técnicos de la actual gestión hallaron no solo personas que cobraban sin presentarse a trabajar, sino que hay casos de una persona fallecida que figuraba como actual contratado, por lo que alguien percibía su sueldo ilegalmente.
Asimismo, se determinó que incluso recibían su remuneración personas que estaban detenidas y cumpliendo condenas por participar en severas causas penales. Entre las mismas se encuentran homicidios agravados y en ocasión de robo; promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas; robo calificado por uso de armas de fuego; e incendios y estragos, entre otras.
Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.
También se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.
Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.
